“Suprema Corte vs. Congreso de la Unión: ¿quién ganará la batalla por el Plan B de reforma electoral en México?”
El Plan B de reforma electoral en México se ha convertido en el centro de una polémica batalla legal entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que la Corte esté violando la división de poderes y sustituyendo al Congreso de la Unión si se anula el Plan B. Pero, ¿qué hay detrás de esta disputa? Aquí te lo contamos todo.
Para entender la situación actual, es necesario remontarse a diciembre de 2022, cuando el Congreso de la Unión aprobó el Plan B, que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, un ministro de la Corte ha propuesto anular la totalidad del decreto porque no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha salido en defensa del Plan B, argumentando que se cumplieron los requisitos constitucionales y legales durante su aprobación. Además, ha denunciado una doble moral en la revisión de las leyes del régimen neoliberal y las normas que buscan la transformación que exige el pueblo de México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha negado la petición realizada por la CJEF para resolver, en primer término, las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS). La CJEF afirmó que basta con leer las versiones estenográficas de las sesiones de las cámaras de Diputados y Senadores, así como a las respectivas gacetas parlamentarias de los días 6 y 15 de diciembre de 2022, y 22 de febrero de 2023, para demostrar que no se afectó en forma alguna el principio de deliberación democrática y que se agotaron las etapas del proceso legislativo en el que participaron todos los grupos parlamentarios por conducto de sus legisladores.
Cabe destacar que el decreto impugnado fue expedido en cumplimiento de una ejecutoria dictada en el amparo en revisión 308/2020 del índice de la propia Primera Sala de la SCJN. Se indica que se cumplió con los requisitos constitucionales y legales durante la aprobación del Plan B, y que la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha señalado que la Suprema Corte estaría violando la división de poderes y sustituyendo al Congreso de la Unión si anula el Plan B. Sin embargo, la Corte sostiene que está actuando dentro de sus facultades para revisar la constitucionalidad de las leyes.
En este contexto, la batalla legal por el Plan B sigue en curso.